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Cuento con experiencia docente en la enseñanza de inglés en educación superior a estudiantes y a docentes Universitarios por 28 meses.

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Muestra de Escritura académica-Ensayo

Cuáles son las políticas públicas nacionales, regionales y locales para que el estado garantice la protección de los derechos de los menores?

En cuanto a las políticas públicas de infancia y adolescencia cabe resaltar una importante audiencia que fue presentada el día 16 de agosto del año 2007 en donde se resaltaba la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos de las demás personas como una oportunidad para el nuevo código de infancia y adolescencia. Tal política implica un ajuste en los programas del Estado tanto a nivel nacional como territorial para la atención de necesidades existentes en el país, tal es el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF a quien para la fecha le manifestaron la gran importancia de hacer un enfoque a la realidad que vive Colombia, destacando a su vez el desafío que en sí representa el hecho de garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en un país tan agobiado por conflictos de tipo social y económico como el nuestro donde indudablemente el reajuste implica que todos los funcionarios se acerquen a trabajar con las comunidades y en los barrios. Explícitamente, en la ley 1098 se resaltan aspectos como: el de la articulación y concurrencia señalando que el ICBF no es la única entidad responsable del tema de la niñez y su protección, siendo también el vocero de los niños, niñas y adolescentes como tal representa el liderazgo y la asistencia técnica concreta no sólo en la elaboración de proyectos y políticas porque allí el Ministerio de la Protección social también tiene influencia sino en asuntos como la transferencia de tecnología, buenas prácticas de administración y coordinación extendiéndose a las lideradas por los mandatarios regionales y locales en busca de replicarlas a nivel nacional.

Con el artículo 204 del código de la infancia y la adolescencia se crean las responsabilidades disciplinarias para los mandatarios locales, regionales y del gobierno nacional. Además, se cuenta con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación quien se encarga de sancionar a quienes no cumplan estas funciones y retos que les han sido designados. De esta manera, un gran articulador de las políticas públicas de infancia y adolescencia es el ICBF y los instrumentos de política pública con los que cuenta Colombia en la actualidad son: El plan Nacional de Infancia y Adolescencia construido entre planeación nacional, el ICBF, el Ministerio de la Protección social y el Ministerio de Educación. Así mismo, Los Planes de Desarrollo a materializar con proyectos y recursos desde las administraciones, también se cuenta con el programa Hechos y Derechos desarrollado por la UNICEF y la Procuraduría General de la República, dicho programa señala unos indicadores y determina unos estándares para que las Entidades territoriales dirijan unos recursos para los temas de Educación sexual, Salud sexual y reproductiva, registro civil, garantía de derecho a la educación y agua potable. De igual forma, está la propuesta de documentos CONPES de la Primera Infancia con políticas en primera infancia para los hogares de Bienestar y los hogares infantiles del Instituto. También existe la Política Nacional de Seguridad Alimentaria que no es más que la unión de todos los planes Departamentales de Seguridad Alimentaria aunque algunos departamentos como Antioquia cuentan con planes propios. El ICBF ha tenido un incremento del 20% en la asignación presupuestal para atender necesidades propias de la sociedad Colombiana como violencia intrafamiliar, maltrato infantil entre otras. Hay que tener en cuenta que la ley de Infancia y adolescencia en su artículo 201 nos habla acerca de la obligación de aplicar todos los excedentes financieros del ICBF en programas de infancia y es obligación de los mandatarios locales crear en sus municipios las comisarías de familia.

Sin embargo, los costos de la implementación de la ley de infancia y adolescencia representan para el ICBF la forma de hacer efectiva la garantía de los derechos de protección integral de niños, niñas y adolescentes, pero también la puesta en marcha del sistema de responsabilidad penal juvenil que señala sanciones que tienden a reeducar más que sancionar o a discriminar y es válida en toda Colombia. Con el surgimiento de esta ley se da una nueva adaptación y es el derecho al debido proceso y la existencia de la segunda instancia.

Cuando se trata de los derechos de niñas niños y adolescentes son considerados fundamentales y por ésta razón las entidades territoriales están sujetas a la implementación y cumplimiento de los derechos humanos pero también a plantear una gestión del desarrollo buscando que la vida de la infancia y la adolescencia mejoren en comparación con otras generaciones empezando por reconocerlos como sujetos privilegiados en materia de derechos. Así mismo existe también el principio de la participación enfocado a valorar las opiniones de este grupo poblacional con el fin de brindarles la oportunidad de formarse en criterio propio y participar en todos los asuntos que sean de su interés o que les afecten de alguna manera. Hay que tener claro que estos principios no pueden ser derogados en situaciones de guerra o emergencia porque indudablemente este periodo de vida en las personas constituye un lapso de tiempo clave y esencial en la construcción como seres humanos y como individuos pertenecientes a una sociedad, si se analiza desde el punto de vista de la evolución constante no solo a nivel físico sino psicológico e intelectual de esta población.

Lo que se evidencia es que por razones normativas en los compromisos internacionales para la garantía de los derechos firmados e incorporados a la Constitución Política, se garantiza la integridad y la prevalencia de sus derechos, se respeta el principio del interés superior de la niña y el niño. La garantía universal de los derechos humanos y en particular los de la niñez son competencia propia del estado y se incluyen por razones éticas porque es una forma de incluir los fines sociales garantizando sus derechos como también se tiene entendido que la inversión en esta población genera a futuro mayores retornos para la sociedad debido a aspectos tan influyentes como: reducir el gasto en salud, mejorar la calidad de la educación, favorecer la cohesión social y por ende reducir las desigualdades sociales.  Es así tal importancia en la política pública que esto implica el hecho de tener en cuenta en todos los escenarios de la gestión integral del desarrollo a la infancia y adolescencia con el fin de darle cumplimiento al interés superior que dentro de un estado o entidad territorial los define sin olvidar que el resto de la sociedad es igualmente responsable de velar por el cumplimiento de estas garantías constitucionales para ellos.

Analizando la ley 1096 de 2006 encontramos que en su normatividad garantiza cuarenta y cuatro (44) derechos exigibles y encontramos entre ellos diez y nueve (19) derechos generales, veinticinco (25) derechos de protección y seis (6) libertades fundamentales. En la búsqueda de que estos cuarenta y cuatro (44) derechos se apliquen en todo el territorio Colombiano, han sido agrupados en cuatro (4) categorías a saber: existencia, desarrollo, ciudadanía y protección especial donde la primera de ellas hace referencia a propiciar el espacio para la preservación de su vida y el disfrute de la misma, la segunda categoría nos invita a darles las condiciones básicas para su progreso en dignidad humana y de acuerdo a su condición, la tercera de ellas nos recuerda que debemos provisionarles las condiciones básicas para su vida en sociedad y que a su vez deben ser tratados como ciudadanos garantizandoles sus derechos y su participación en espacios de su interés y finalmente la categoría de protección especial nos indica que no deben ser afectados por factores perjudiciales para la dignidad humana y su integridad. Siguiendo esta misma línea, la política de infancia y adolescencia en el municipio está orientada al logro de las condiciones básicas para vivir y desarrollarse evitando la discriminación para fundamentar una generación mejor que la anterior en términos de sociedad incluyente que marca la igualdad desde la diferencia y es así como las cuatro categorías de derechos se enmarcan dentro de 13 objetivos de política pública con un soporte constitucional y jurídico que corresponden a un alcance; para ilustrar una parte de  estas por ejemplo en los dos primeros derechos para la primera categoría denominada derechos de existencia tenemos que: todos vivos, haciendo referencia a que ninguno muera cuando pueda evitarse, todos con familia que equivale a que todos tengan una familia que los cuide, los respete, los proteja y estimule su desarrollo.

La corresponsabilidad en la garantía de sus derechos significa que la familia, la comunidad y el estado tienen obligaciones interrelacionadas y ninguno puede eximir su responsabilidad o cederla objetando incapacidad o falta de recursos. En este orden de ideas el principal responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de esta población y de hacer que las acciones encaminadas a ellos repercutan en el progreso general del municipio o del departamento es el gobernante. Por lo tanto, los mandatarios territoriales tienen dos funciones inherentes a los derechos humanos de su comunidad a saber: ser representantes del estado ante la comunidad local y ser representante y vocero de la comunidad local ante el estado.

Lo que define la misma ley de infancia y adolescencia es que los responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas para este grupo social tanto a nivel nacional como departamental y municipal son el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes y el mecanismo para darles viabilidad es el plan de desarrollo. Y para dar cumplimiento, los gobernadores y alcaldes en los primeros cuatro (4) meses de su mandato deben hacer un diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en sus localidades y así es como establecen las problemáticas prioritarias objeto de atención en su plan de desarrollo y determinan las estrategias a implementar a corto, mediano y largo plazo y finalmente se debe tener en cuenta que las acciones desde los diferentes actores y sectores sociales contribuyentes a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes se deben hacer explícitas en la política pública.


                                                  Referencias

file:///E:/Downloads/infancia%20y%20adolescencia%20congreso.pdf

Lineamientos de Política Pública para el Desarrollo de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Departamento y el Municipio
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